¿Puede la muerte de un cantante acabar con el gobierno etíope?

El lunes 29 de junio de 2020, los balazos de “hombres armados no identificados” apagaban en Adís Abeba la voz del cantante y activista oromo Hachalu Hundessa. Con 34 años, Hachalu era considerado la banda sonora de la revolución oromo —el grupo étnico mayoritario en Etiopía (35 millones de personas, o el 34.4% de la población)—, “un genio lírico y un activista que encarnaba las esperanzas y aspiraciones del público oromo”, en palabras del especialista en derecho internacional de la Universidad Keele (Inglaterra) Awol Allo en New York Times. Sus canciones dieron alas a las luchas y frustraciones del pueblo oromo —tradicionalmente marginado de las esferas de poder— durante las protestas antigubernamentals de 2014 a 2018, y su muerte encendió rápidamente la llama de protestas populares, saqueos y destrozos en todo Etiopía, que hoy se encuentra sumergida en una preocupante situación de caos y deriva.

Etiopía ha despuntado en los últimos años por ser un paradigma de desarrollo: hasta la irrupción de la pandemia global de COVID19 la economía etíope era la de más rápido crecimiento del mundo. Desde 2001, es la sede de la Unión Africana y goza de gran fama turística siendo hogar de nueve lugares declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y cuna de algunos de los mejores atletas del mundo (Haile Gebrselassie, Lamesha Girma..). Además, el país se vanagloria de haberse librado de la dominación colonial —derrotando el fascismo italiano durante la Segunda Guerra Mundial (en 1941) gracias al apoyo del Imperio Británico— y se erige como ejemplo de lucha anticolonial y antioccidental para comunidades negras de alrededor del mundo, como los rastafaris (de Ras Tafari, nombre del emperador Haile Selassie). Asimismo, su actual primer ministro Abiy Ahmed recibió un Nobel de la Paz en diciembre de 2019, poniendo Etiopía en el mapa de “las buenas prácticas” por propiciar la paz con su vecina Eritrea, liberar miles de presos políticos o aprobar leyes para la legalización de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que atrajo la diáspora etíope en el exilio.

Sin embargo, y a pesar de la aparente apertura democrática e inclusión de mujeres en cargos de poder relevantes, el antiguo régimen del EPRDF (actual Partido de la Prosperidad) no ha podido hacer el lavado de imagen que pretendía con un paquete de medidas celebradas a bombo y platillo por sus aliados políticos. Hoy, en plena pandemia de COVID19 y solo dos años después de que Abiy Ahmed tomara las riendas del país, los tics opresores y la deriva autoritaria que está (re)tomando el país ponen en evidencia las profundas heridas supurantes del imperialismo e historia política reciente, así como una profunda crisis multidimensional.

La muerte de Hachalu Hundessa es solo la punta del iceberg en un mar de luchas internas para la reconfiguración política y económica de un Estado con más de 80 grupos étnicos y representaciones desiguales en el sí del aparato estatal. Y el asesinato del músico y activista podría costarle al “Nobel de la Paz” esa corona que, como decía irónicamente hace escasas semanas el exbloguero del colectivo Zone9 Abel Wabella, cogió cual Napoleón del suelo.

 

Hachalu Hundessa posa con un traje tradicional oromo. (Foto de Reuters: Tiksa Negeri)

Matar a Hachalu Hundessa o cerrar Internet no logrará acallar la revuelta

Las protestas inundaron las calles en cuanto la noticia de la muerte de Hachalu Hundessa trascendió en las redes sociales, tanto en la capital etíope como en otras ciudades de Oromia como Ambo o Adama. Hashtags como #OromoProtests, #JusticeforHachaluHundessa o #OromoLivesMatter empezaron a irrumpir con fuerza, mientras el gabinete de Abiy Ahmed preparaba la artillería de represión de un aparato estatal a la sombra de un estéril Nobel de la Paz. Fuentes cercanas al gobierno han insinuado que el asesinato de Hachalu puede ser una pugna interna de los oromo para liderar la causa y desestabilizar el actual gobierno. Y es que gran parte de los oromo sienten una desafección por el propio Abiy Ahmed, que aún siendo oromo, defiende una forma de Estado centralista y un modelo neoliberal que sigue alimentando las elites urbanas en detrimento de la población rural (del 80% según datos del Banco Mundial).

Manifestaciones contra la represión hacia el pueblo Oromo de Etiopía se están llevando a cabo entre la diáspora etíope en Occidente. En la imagen, protestas en las afueras de Downing Street de Londres, Gran Bretaña, el pasado 3 de julio de 2020. REUTERS/Simon Dawson.

Sea como fuere, el martes 30 de junio el país ya estaba sumido a un corte total de los suministros de Internet —abastecidos por la empresa pública Ethio Telecom, en proceso de privatización—, imposibilitando acceder a informaciones contrastadas sobre el número de fallecidos y arrestados derivados de las protestas y castrando por completo la Libertad de Prensa (Etiopía ocupa la posición 99 en el ranking de Reporteros Sin Fronteras). Tras una semana de disturbios y apagón digital, fuentes veraces informaban de 239 muertos y cerca de 3.500 detenidos, entre los que se encuentra el principal líder de la oposición, Jawar Mohammed (director de Oromia Media Network) o el político Bekele Gerba, ambos del partido del Congreso Federalista Oromo; así como el activista Eskinder Nega y tantas otras personalidades relevantes. Mientras la comunicación con activistas locales es prácticamente imposible —a pesar de que el jueves 9 de julio se restauró Internet “especialmente para misiones y embajadas extranjeras“—, la diáspora etíope levanta la voz con fuerza en ciudades como Londres o Minneapolis para pedir el cese de la violencia.

La muerte de Hachalu Hundessa pone de nuevo sobre la palestra el anhelo independentista de los Oromo y la propia ineficacia del aparato estatal para dar respuestas satisfactorias a las reivindicaciones autonómicas de regiones como Sidama —que celebró un referendum legal para convertirse en región autónoma en noviembre de 2019, no tomado aún en consideración por el gabinete de Abiy Ahmed—. El derecho a la autodeterminación de Oromos, Sidamas o incluso Tigriñas (entre los que, a pesar de que su cultura ha estado en la base de la construcción nacional, crece el sentimiento independentista), o el derecho a la defensa de esas ideas por parte de artistas y personalidades de la cultura, es un síntoma más de la actual crisis en el país del Cuerno de África.

Como cuenta la investigadora Ilana Webster-Cogen en un artículo reciente para The Conversation, la represión hacia artistas y personalidades de la cultura contrarios al gobierno no es algo nuevo. “La estrella del pop más grande de Etiopía, Teddy Afro, fue encarcelada en 2008 por cargos de homicidio involuntario por un presunto atropello, pero fue liberado cuando el cargo no pudo ser sostenido. Durante décadas, y especialmente durante la dictadura militar de 1974-1991, los músicos pasaron a la clandestinidad o emigraron antes de que pudieran ser el próximo objetivo”.

El hartazgo de la población etíope —el segundo país más poblado de África—, y en especial de los Oromo, bien podría significar el desmembramiento de una federación frágil unida a golpe de dureza militar y “vista gorda” de potencias con intereses geoestratégicos en la región. No es solo una cuestión de fronteras. Sino también de respeto e inclusión a la diversidad. De libertades y de derechos humanos. De conciencia de subordinación y de esperanzas y anhelos para un futuro mejor. Hachalu Hundessa no era el único consciente de ello y con la valentía suficiente para dar voz a las aspiraciones populares oromo. Es la fuerza de un pueblo la que pugna por justicia. Y su muerte, no ha hecho más que agitar la causa. La cuestión ahora no es quién o por qué ha matado a Hachalu sino cómo y cuando las causas estructurales del conflicto y las desigualdades empezarán a ser encauzadas.

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Investiga y escribe sobre ciudades africanas, derechos humanos y música. Le mueve la creatividad con la que construye futuro la juventud africana en contextos urbanos, especialmente en África del Este. Sus campos de trabajo son el periodismo escrito y radiofónico, los documentales y la gestión cultural. Cofundadora de Wiriko y coordinadora de Seres Urbanos (EL PAÍS), actúa como consultora independiente para entidades del tercer sector. Licenciada en Filosofía (UB), posgraduada en Estudios Africanos y Desarrollo (UPF) y máster en Culturas y Desarrollo en África Subsahariana (URV).
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